El derecho al olvido y la responsabilidad de los buscadores

Seguramente todos han caído en algún momento, tarde o temprano, en el egosurfing o egosearching. Entran a AltaVista Google, Bing, DuckDuckGo, ponen su nombre y comienzan a ver qué resultados aparecen sobre ustedes mismos, en qué orden y sobre qué tratan. No hay nada de qué avergonzarse, incluso diría que es algo normal a esta altura, todos tenemos la necesidad de saber qué hay allá afuera (¿o dentro de la red, mejor dicho?) sobre nosotros, y es que en una época en la que nuestro perfil online puede costarnos un empleo o nuestra reputación misma, esta información cobra una inmensa relevancia.

El día de ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó un fallo que, cuanto menos, dará que hablar por un largo tiempo. El foco del pleito se centra en la petición de Mario Costeja, quien tras ver que uno de los resultados de su nombre en Google llevaba a un artículo del periódico La Vanguardia que le resultaba poco favorable, decidió acudir a la justicia para forzar a Google a retirar ese artículo de sus búsquedas. La nota en cuestión se trataba del conflicto por el remate judicial de un inmueble suyo, el cual data del año 1998 y ya se encuentra resuelto

El caso fue escalando por varios entes Españoles hasta llegar al Tribunal de Justicia de la UE, quienes se encargaron de dar su opinión sobre el asunto para que finalmente el caso vuelva a España donde debía ser resuelto de una vez por todas.

Probablemente se pregunten ¿Qué hacemos hablando de un fallo español? Lo cierto es que los temas tratados son de suma importancia para todo Internet, ya que abre un nuevo debate sobre el denominado derecho al olvido y la responsabilidad que tienen los buscadores frente a este tipo de resultados que pueden afectar la imagen de una persona.

¿Qué es el derecho al olvido?

El concepto de este derecho es realmente jóven si lo comparamos con la edad del derecho per se, y más aún en su aplicación a Internet. Tiene una relación directa con la protección de los datos personales de los usuarios, generalmente en temas crediticios o de materia económica. El derecho al olvido es aquel que le permite a una persona poder borrar sus datos personales que están en poder de terceros, y de alguna manera borrar su “rastro” online.

Este derecho está reglado en la legislación de cada país, las cuales se adaptan a las realidades sociales que les toca vivir. Por lo que, si bien podría decir que hay una similitud en la base del mismo, no todos los países lo tratan de la misma manera, incluso algunos no lo tratan en absoluto. Por ejemplo, en Argentina pueden encontrar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

¿Cuál debería ser la responsabilidad de los buscadores frente a enlaces perjudiciales?

Las probabilidades de encontrar links en buscadores con información personal, o que realmente no queremos que sea pública (los ejemplos más básicos serían: la dirección de tu casa, teléfono, DNI, CUIT, etc), es bastante amplia, y depende no solo de qué tan conocidos seamos públicamente, sino también de cómo usamos Internet.

Lo primero que al usuario promedio se le pasa por la cabeza es ir directamente al buscador y reclamarles que den de baja ese link, después de todo, es información que de alguna manera le perjudica y que, probablemente, nunca permitió su publicación.

Pero si nos ponemos a analizar con un paño frío, realmente a quien deberíamos recurrir es a ese tercero que hizo pública dicha información. El debate por la responsabilidad de los buscadores está lejos de darse por resuelto, al contrario, lo vemos cada día con mayor frecuencia.

En Argentina, durante estos últimos años hemos visto posiciones de lo más variadas en la justicia. Por un lado, en su momento escribí una opinión acerca de tres fallos que condenaban a buscadores: Paola Krum, Evangelina Carrozo y María Soledad Maxwell, quienes recibieron finalmente una indemnización de Google o Yahoo por daños a su imágen personal. Por el otro, nos encontramos con casos en los que rechazan el pedido de eliminación de un resultado, como el de Eduardo Feinmann.

Volviendo a Europa, hace tan solo unos meses, el mismo Tribunal de Justicia que entendió en el fallo de ayer, se pronunció a favor de Google, dándole la razón en que no hay que ir contra los buscadores, sino contra quien publicó esa información y la está almacenando.

El punto de conflicto en cuanto a la responsabilidad de los buscadores no surge simplemente porque ellos son el contacto directo con los usuarios, sino que se analiza también si se pone en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la información.

Protegiendo el acceso a la información y la libertad de expresión

Internet es una de las invenciones más importantes de la humanidad. No sólo nos ayuda a comunicarnos, sino que además nos ayuda a trascender y evolucionar como especie. Gracias a Internet compartimos conocimiento, nos educamos, creamos, mantenemos relaciones con conocidos, emprendemos nuevos negocios y controlamos mercados.

Con todo lo que sucede hoy en día, desde programas gubernamentales de espionaje por agencias como la NSA o GCHQ, hasta el control político y lobbista para terminar con la neutralidad de la red, es casi seguro que las generaciones futuras no vean Internet como lo hacemos nosotros en este momento. Este tipo de medidas que pueden parecer intrascendentes para algunos por vivir en el otro extremo del planeta, son a las que más hay que tenerles cuidado y no dejarles el camino fácil.

Como bien comenta Enrique Dans en su blog, es fundamental proteger el valor que nos dan este tipo de herramientas. Los buscadores son la puerta de acceso principal a una inmensa cantidad de información, de tal magnitud que no nos alcanzaría una sola vida para leerlo todo, y es fundamental que tengamos acceso a la totalidad de lo que se ha hecho público a lo largo de la vida de la red, “no únicamente lo que alguien ha decidido que quiere que aparezca”.

¿Hasta que punto se podría permitir el derecho al olvido sin llegar a perjudicar el acceso a la información?

Cuando pensamos en este tipo de soluciones para casos particulares, podemos llegar a pensar que son adecuadas, pero imaginen la repercusión más allá de los usuarios promedio. Políticos, famosos y demás figuras públicas solicitando la baja de enlaces con contenido perfectamente legal, tan solo porque no les gusta lo que dicen de ellos o cómo los hacen quedar. Una imagen en la que “salieron con su lado malo”, un artículo de Wikipedia porque no les gusta lo que dice, convictos que buscan borran su historial criminal y la lista sigue. ¿Podríamos volver a confiar en que la información que recibimos por Internet es verídica?

Si bien el fallo establece que “prevalece la protección de datos de tipo general, sobre el mero interés económico del gestor del motor de búsqueda, salvo que el interesado tenga relevancia pública y el acceso a la información esté justificado por el interés público”, dudo que alguien pueda asegurar con certeza que este tipo de discusiones no puedan llegar a terminar por convertirse en un opuesto extremo.

Claramente, el límite es muy delgado como para dejar vacíos legales. Es fundamental determinar de entrada qué papel juegan los buscadores en el tráfico de información. Por mi parte, soy de los que establecen que los buscadores al dedicarse a indexar sitios y presentarlos con su contenido original (esto es, Google no crea contenido para cada uno de ellos, lo toma de la fuente y lo adopta a su interfaz), son tan solo intermediarios, son los mensajeros, y es contra la persona que tiene en sus manos el contenido real,junto al poder de borrarlo de una vez por todas, contra quien hay que ir.

Si bien la decisión tomada por el Tribunal no es vinculante para los jueces de la justicia Argentina, no nos debe caber la menor duda de que comenzaremos a ver un mayor número de casos resueltos con influencia del fallo Costeja. El problema es que estas medidas parecen más parches que soluciones de fondo, ir a la respuesta más rápida pasando por alto cómo afecta su entorno. Ocultar, o dificultar el acceso a la información por medio de buscadores, no evita que siga estando disponible en su servidor. Al fin y al cabo, si Mario Costeja quería ocultar que en 1998 le remataron un inmueble, ahora todo Internet puede enterarse de ello, gracias efecto Streissand.